Por medio del Aviso Oficial En el Boletín Oficial del 03/02/2016 la AFIP procedió a efectuar una publicación sustitutiva de la correspondiente nómina de contribuyentes excluidos del monotributo que fuera publicada en el Boletín Oficial del 9/12/2015.
La citada publicación se fundamenta en que el Fisco detectó errores sistémicos al confeccionar la nómina original.
Por medio de la Resolución (AREF) 15/16 se establece una Feria Administrativa entre el período comprendido desde el 15 de Febrero al 15 de marzo de 2016, en el ámbito de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). Durante el período de feria administrativa no serán computados los días hábiles administrativos respecto de los plazos procesales
A través de la RG (AREF) se fija en la suma de $ 50, el cargo exigible por la notificación de cédulas de intimación o actas, tendientes a exigir la presentación de declaraciones juradas o demás documentación necesaria para determinar o cuantificar el hecho imponible, o que intime al pago de impuestos, tasas, contribuciones, accesorios y multas, cuotas de planes de pago o anticipos. Asimismo, se establece en un 5% para personas físicas y en un 10% para personas jurídicas y demás contribuyentes o responsables, el Cargo por Liquidación aplicable por cada notificación de ajuste o determinación de deuda emergente de verificaciones efectuadas y notificadas.
A través del Decreto 2106/10 se estableció un régimen de regularización de obligaciones tributarias permanente.
Por medio de la Resolución (DPR) 7/2016 se establece establece que los contribuyentes que soliciten regularizar sus obligaciones tributarias en los términos del Decreto 2106/2010 deberán cancelar las obligaciones emergentes del plan, mediante la adhesión al débito bancario o pago con tarjeta de crédito.
Por medio de la Comunicación A 5751/2015 (BO 03/02/2016) se modifica las normas sobre “Posición global neta de moneda extranjera”, estableciendo, entre otras cuestiones, respecto del “Límite general”, que esta posición, en promedio mensual de saldos diarios convertidos a pesos al tipo de cambio de referencia, no podrá superar el 15% de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior al que corresponda o los recursos propios líquidos, lo que sea menor.
“Monsanto Argentina SAIC (TF 26156-A) c/DGA “ (24/09/2015)
Un exportador interpuso recurso de apelación contra diversas resoluciones de la Aduana mediante las cuales había rechazado los procedimientos de repetición de los derechos de exportación presuntamente abonados en demasía. La Cámara revocó las resoluciones cuestionadas. El fisco nacional dedujo recurso extraordinario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia apelada y ordenó que el tribunal de origen pronuncie un nuevo fallo con arreglo a lo resuelto en la causa “Whirlpool Puntana S.A.”.
“Jbs Argentina SA c/ AFIP-DGI-(Período Fiscal 2006-2012) s/ proceso de conocimiento” (24/11/2015)
Un contribuyente interpone acción declarativa de certeza con el objeto de conocer si le correspondía afrontar la carga tributaria del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por el período fiscal 2012, toda vez que las circunstancias de pérdidas constantes y consecutivas se asemejarían a las apuntadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el precedente «Hermitage S.A.», del 15 de junio de 2010 (Fallos: 333-993), en el cual el Máximo Tribunal se pronunció a favor de la inconstitucionalidad del cobro del tributo mencionado. Impuso las costas por su orden.
El juez de 1º Instancia rechazó la acción meramente declarativa de certeza interpuesta entendiendo que el pago del tributo, sin reserva ni bajo protesto, había cesado el estado de incertidumbre, requisito de la acción.
El contribuyente dedujo demanda de apelación por ante la Cámara quien confirmó la sentencia de aquo en o principal. Para así decidir entendió que:
VISTO:
El Expediente 5823-013012/2016 del registro de la Dirección Provincial de Rentas, caratulado “Dirección General de Atención y Servicios al Contribuyente S/Readecuación de la Reglamentación del Decreto Nº 2106/10; las Resoluciones Nº 058/DPR/14 y 025/DPR/15; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 2106 de fecha 04/11/2010, dispone un Régimen de Regularización de deudas tributarias, previendo beneficios y quitas de intereses;
Que las Resoluciones Nº 058/DPR/14 y 025/DPR/15, establecen los requisitos para la adhesión al referido régimen;
Que de acuerdo a las exigencias imperantes, es menester adecuar la adhesión al régimen de regularización de obligaciones tributarias, optimizando la función de seguimiento y control;
Que el Director Provincial de Rentas se encuentra facultado a impartir normas interpretativas y reglamentarias de carácter general, conforme a los Artículo 14º y 15º del Código Fiscal Provincial;
Por ello:
El Director Provincial de Rentas resuelve:
Art. 1º – Establézcase que los contribuyentes que soliciten regularizar sus obligaciones tributarias en los términos del Decreto Nro. 2106/2010, deberán cancelar las obligaciones emergentes del plan, mediante la adhesión al débito bancario o pago con tarjeta de crédito.
ACOGIMIENTOS CONFORME EL IMPUESTO
Art. 2º – Establézcase que los contribuyentes y demás responsables podrán suscribir y mantener vigentes planes de pago conforme el siguiente esquema:
En los contratos de ejecución sucesiva la cantidad de cuotas no podrá exceder el plazo de duración del mismo.
Art. 3º – Los contribuyentes podrán realizar el trámite de suscripción de plan de pago en forma presencial o vía web ingresando al sitio oficial de este organismo, una vez que éste se ponga a disposición.
REFORMULACION DE PLANES
Art. 4º – Establézcase que los contribuyentes y demás responsables podrán refinanciar planes de pago caducos por única vez y las cuotas del plan emergente no podrán exceder la mitad de las otorgadas en el plan original. Se exceptúan aquellos planes caducos que contengan boletas de deuda.
REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO
Art. 5º – Cuando se trate de personas físicas, el plan de pago deberá ser suscripto por el titular y demás responsables que acrediten su condición con documentación respaldatoria, debiendo presentarse con el original y copia de DNI.
En el caso de Personas Jurídicas sus representantes legales deberán acreditar tal condición, mediante Contrato Social o Estatuto de la sociedad y Acta/s de Asamblea/s y/o Directorio de designación de autoridades vigente.
En los casos de suscripción por parte de un apoderado, el mismo deberá presentar poder general o especial que expresamente lo faculte a tramitar la gestión ante esta Dirección Provincial, de conformidad a lo establecido por el artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación, en original o copia certificada, como así también original y copia de DNI del solicitante.
Los contribuyentes que se vean imposibilitados de concurrir a las oficinas de esta Dirección Provincial a suscribir el plan, podrán certificar la firma ante Escribano Público o Entidad Bancaria o en su defecto hacer uso de la Autorización prevista mediante el Formulario de “Autorización de Representación”, que podrá descargarse del sitio web oficial de este organismo.
Art. 6º – Al momento de solicitar el Plan de Pago, los contribuyentes y/o responsables deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Art. 7º – Para los casos de pago en una cuota, a efectos de acceder al beneficio previsto en el inc. 1) del Artículo 6° del Decreto Nro. 2106/2010 es condición necesaria que el contribuyente o responsable regularice la totalidad de la deuda del tributo en cuestión.
NIVEL DE APROBACION
Art. 8º – De acuerdo a la cantidad de cuotas que se soliciten, los planes de pago serán autorizados según el siguiente detalle:
DEUDAS LIQUIDADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
Art. 9º – De tratarse de deudas liquidadas por la Dirección General de Fiscalización, los contribuyentes -previo a efectuar el acogimiento deberán solicitar la confirmación de las mismas por ante la citada Dirección y allanarse a las pretensiones del fisco.
CONCURSO PREVENTIVO O QUIEBRA
Art. 10. – Establécese que los contribuyentes que se encuentren en concurso preventivo o quiebra, se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la presente Resolución.
VENCIMIENTOS DE LAS CUOTAS
Art. 11. – El ingreso de la primera cuota tendrá el carácter de anticipo y deberá abonarse al momento de la suscripción del plan, y resultará de dividir el total de la deuda consolidada por el número de cuotas solicitadas. Las cuotas restantes serán iguales mensuales y consecutivas comenzando a vencer el mes siguiente al del pago del anticipo o primera cuota. El vencimiento de cada cuota operará el día 15 o día hábil siguiente de cada mes.
Art. 12. – Cuando los pagos se realicen fuera de término, sin que la mora haya producido la caducidad del Plan, se aplicarán los intereses resarcitorios previstos por el Artículo 84° del Código Fiscal Provincial Vigente.
CONSIDERACIONES FINALES
Art. 13. – De tratarse de pequeños contribuyentes y que no se encontraren bancarizados, podrán adherir al régimen reglamentado en la presente, previa la autorización por parte de la Dirección General de Atención y Servicios al Contribuyente o en su defecto de la Dirección General de Recaudación o por parte de los responsables de las distintas delegaciones de este organismo.
Art. 14. – Deróganse las Resoluciones Nº 058/DPR/14 y 025/DPR/15, a partir de la firma de la presente.
Art. 15. – Publíquese, etc. – Insúa
VISTO:
El Expediente N° 4795-007991/2010 del registro de la Dirección Provincial de Rentas, el Código Fiscal Provincial Vigente y la necesidad de establecer un régimen de regularización de obligaciones tributarias que brinde a los contribuyentes las posibilidades de cumplir con el Fisco Provincial; y
CONSIDERANDO:
Que es objetivo esencial y permanente de la Administración Tributaria Provincial fomentar el cumplimiento por parte de los ciudadanos de las obligaciones fiscales y facilitar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias;
Que en el marco de la política impositiva, destinada a combatir y reducir la evasión fiscal provincial, la Dirección Provincial de Rentas ha relevado que los contribuyentes solicitan una herramienta que les permita la regularización de las obligaciones impositivas atrasadas, impagas, planes de pago caducos y deudas respecto de las cuales se ha iniciado su cobro judicial;
Que es propicio implementar un régimen de regularización tributaria de deudas provenientes de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos, que permita regularizar la situación fiscal de los contribuyentes de dichos impuestos;
Que el Código Fiscal Provincial Vigente autoriza al Poder Ejecutivo en su Artículo 89º al otorgamiento de regímenes de facilidades de pago, a remitir total o parcialmente multas, accesorios, intereses, recargos y cualquier otra sanción relacionada con todos o cualquiera de los gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Dirección Provincial de Rentas, a los contribuyentes o responsables que regularicen espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones omitidas y denunciando en su caso la posesión o tenencia de bienes o efectos en contravención;
Que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de remitir en todo o en parte la obligación de pagar los intereses a que se refieren los artículos 84° y 87° del Código Fiscal Provincial Vigente, conforme al artículo 88° del ci tado Cuerpo Legal;
Que la presente norma legal tiene por finalidad constituirse en una herramienta más para mejorar la recaudación de lo impuestos provinciales;
Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN
D E C R E T A:
Artículo 1°: Los contribuyentes y/o responsables de los impuestos cuya recaudación se encuentra a cargo de la Dirección Provincial de Rentas, podrán acogerse al régimen de regularización de deudas tributarias que se establece por el presente Decreto.
Artículo 2°: Quienes cancelen las obligaciones fiscales descriptas en el párrafo anterior, obtendrán los beneficios de reducción de intereses y multas que para cada caso se establezcan.
Artículo 3°: Quedan incluidas en las deudas que se puedan regularizar aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa y/o en proceso de fiscalización, siempre y cuando el contribuyente y/o responsable se allanare incondicionalmente a la pretensión fiscal y en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición.
DECRETO Nº 2106 /2010
Artículo 4°: Podrán incluirse en la regularización las deudas que se encuentren al cobro por la Vía de Apremio por parte de la Fiscalía de Estado, los planes de facilidades de pago anteriores, vigentes o caducos, y las deudas homologadas en concursos preventivos y quiebras.
Si respecto de la deuda a regularizar existieren actuaciones judiciales en trámite, previo a la efectivización del plan de pagos, la Dirección Provincial de Rentas informará dicha situación a la Fiscalía de Estado.
Artículo 5°: Se excluye del régimen establecido en la presente norma a las deudas que mantengan los Agentes de Retención, Percepción y Agentes de Recaudación Bancaria.
Artículo 6°: Los contribuyentes que regularicen su situación fiscal mediante el presente Régimen de Regularización tributaria gozarán de los siguientes beneficios:
1.- Por pago de contado: Quita del 10% del interés resarcitorio establecido por la Dirección Provincial de Rentas conforme al Artículo 84º y quita del 10% del Recargo por simple mora establecido en el Artículo 271º del Código Fiscal Provincial Vigente.
2.- Por pago en cuotas
Artículo 7°: El interés resarcitorio aplicable será el fijado por la Dirección Provincial de Rentas de acuerdo a lo establecido por el Artículo 84º del Código Fiscal Provincial Vigente.
Artículo 8°: El presente régimen de regularización de obligaciones tributarias tendrá vigencia por el término de cinco (5) años, a partir de la presente norma legal, fecha desde la cual quedará derogada la Resolución Nº 071/DPR/97.
Artículo 9°: Respecto de los planes de pago efectivizados con anterioridad a la fecha de vigencia del presente, podrán ser refinanciados incluyendo la liquidación respectiva, determinada en función a las reglamentaciones que efectúe la Dirección Provincial de Rentas.
Artículo 10º: Los planes de facilidades establecidos por el presente caducarán cuando:
La caducidad se producirá de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa, quedando expedita la vía judicial de apremio para su cobro.
DECRETO Nº 2106 /2010
La deuda fiscal emergente de los Planes de Facilidades de Pago caducados se determinará computando su valor actual a la fecha de vencimiento de la última cuota abonada con anterioridad a la fecha de caducidad. A dicho valor se le adicionará el interés resarcitorio establecido en el artículo 84° del Código Fiscal Provincial Vigente, por el período comprendido entre el día de vencimiento de la última cuota abonada, anterior a la fecha de caducidad, y el día de cancelación o de refinanciación de la deuda o de libramiento del título ejecutivo, el que fuere anterior.
Los pagos posteriores a la fecha de caducidad solo serán computables a los efectos de la liquidación definitiva de la deuda por tal concepto, de acuerdo a lo normado por el Artículo 83° del Código Fiscal Provincial Vigente.
Artículo 11º: No se encuentran sujetas a reintegro o repetición las sumas que con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y multas por las obligaciones comprendidas en el presente régimen.
Artículo 12º: Facúltase a la Dirección Provincial de Rentas a dictar las normas complementarias a los fines de la aplicación de los beneficios y el régimen de facilidades de pago que se disponen en el presente Decreto. En especial, establecer los plazos, fechas de presentación, los formularios a cumplimentar por los contribuyentes, determinar las fechas de vencimiento de las cuotas, disponer las formas y condiciones en que operará el régimen de caducidad establecido, así como las condiciones y formalidades a que deberán ajustarse las solicitudes de planes de facilidades de pago y toda otra presentación que haya de efectuarse.
Artículo 13º: El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministro de Hacienda y Obras Públicas.
Artículo 14º: Comuníquese, Publíquese, dese al Boletín Oficial y Archívese.
Fdo) SAPAG RUIZ
2ª Instancia.— Buenos Aires, septiembre 24 de 2015.
Considerando: I. Que, por sentencia de fs. 127/131 la Sala IV deesta Cámara, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y; por ende, revocó las resoluciones n° 37/08 y 68/08 mediante las cuales la Dirección Regional Aduanera de La Plata había rechazado los procedimientos de repetición de los derechos de exportación correspondientes al permiso de embarque nº 03 008 EC03 007222 D, que la firma actora consideró abonados en demasía e impuesto las costas al Fisco que resultó vencido.
Asimismo, y en virtud de la manera en que decidió, dejó sin efecto la regulación de honorarios practicada a favor de los letrados del Fisco. Contra ese pronunciamiento, el Fisco interpuso recurso extraordinario federal a fs. 135/155, concedido a fs. 177 y vta.
III. Que de manera preliminar cabe señalar que en la causa C.486.XLIII, caratulada «Camaronera Patagónica S.A. c. Ministerio de Economía y Otros s/ Amparo», del 15 de abril de 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la Resolución nº 11/02 del Ministerio de Economía para el período comprendido entre 5 de marzo de 2002 (fecha en la que entró en vigor) y el 24 de agosto de 2002, momento a partir del cual comenzó a regir la Ley Nº 25.645, que le otorgó rango legal. Al respecto, señaló que «[e]s evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002 (confr. Fallos: 331:1927, voto del juez Maqueda)».
Asimismo, destacó que «[e]sos términos representan, sin dejar lugar a duda, la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia». Sin perjuicio de ello, consideró que dicha ley «carece de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable -como la resolución 11/02 del entonces Ministerio de Economía e Infraestructura-, pero no existe razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia (arg. de Fallos: 321:347, considerando 10)».
De este modo, toda vez que la oficialización de la operación involucrada en autos ocurrió con posterioridad al 24 de agosto de 2002, por aplicación de la doctrina jurisprudencial antes reseñada, es posible concluir que la Resolución nº 11/02 del Ministerio de Economía no vulnera el principio de legalidad, ya que -a ese momento- lo allí dispuesto poseía rango legal. Asimismo, y en lo que aquí interesa, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fs. 183 y vta., resulta aplicable al caso de autos la doctrina sentada en la causa CSJ 61/2008 (44-W) «Whirlpool Puntana S.A. (TF 21.671-A) c. Dirección General de Aduanas».
En el mencionado precedente, el Alto Tribunal señaló que «el Tratado para la Constitución de un Mercado Común entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay denominado ‘Tratado de Asunción’ (art. 23 del Tratado), aprobado por la Ley Nº 23.981, es un acuerdo en los términos del art. 2, inc. 1, apartado a, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, esto es, un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, y que, por lo tanto, integra el ordenamiento jurídico de la Nación con rango supralegal (arts. 31 y 75, incs. 22 y 24, de la Constitución Nacional)». También recordó que «mediante ese instrumento, los estados partes, tras señalar que la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales, a través de la integración, constituye condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social, acordaron constituir ‘un Mercado Común’, denominado ‘Mercado Común del Sur’ (‘Mercosur’), que debía estar conformado al 31 de diciembre de 1994 (art. 1º, primer párrafo, del Tratado)». Asimismo, destacó que «en ese mismo artículo se afirmó que ello implicaba ‘la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente’. Y también el ‘establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados; y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales’.
Asimismo, el citado art. 1º señala como implicancias del referido mercado común la ‘coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transporte y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes’, y el compromiso de éstos de ‘armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración’».
En este sentido, recordó que «el Preámbulo del Tratado señala que los mencionados objetivos deben ser alcanzados mediante ‘el más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía, con base en los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio’». Además, resaltó que el artículo 2º del Tratado establece que «el Mercado Común estará fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados Partes». En lo que aquí interesa, frente al planteo de inconstitucionalidad deducido en esa causa, la Corte Suprema destacó que «si bien es verdad que el art. 1º del Tratado de Asunción, en cuanto establece el principio de la libre circulación de bienes y servicios entre los países miembros, mediante la eliminación de derechos aduaneros, restricciones no arancelarias o medidas equivalentes, podría dar sustento, aisladamente considerado, a la pretensión de la actora, resulta indudable que» -de acuerdo con los principios hermenéuticos establecidos en los arts. 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados- «para establecer la recta comprensión de ese precepto no puede prescindirse de las disposiciones que plasman la voluntad de los estados de establecer un mercado común en forma progresiva, bajo los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio enunciados en el preámbulo del convenio.
En efecto, el Tratado fija los objetivos y fines y establece en grandes líneas los instrumentos para llegar a su consecución, más allá de que se ocupa de alguno de ellos en sus anexos, como el ‘Programa de Liberación Comercial’, al que se refiere el Anexo I». A partir de ello, sostuvo que «aun cuando es indudable que no resulta ajena a un sistema de integración económica la aspiración de que se supriman los derechos de exportación -como una herramienta tendiente a afianzar la libre circulación de bienes entre los países miembros- lo cierto es que no puede concluirse que el referido Tratado, según las pautas hermenéuticas señaladas precedentemente, y teniendo en cuenta el modo en que se ido dando el proceso de integración en los diversos acuerdos complementarios realizados entre los estados partes, imponga la prohibición de establecer tales derechos, como una exigencia concreta y perentoria.
Ello es así, sin perjuicio de que, como se señaló precedentemente, y por tratarse de un mecanismo que hace a la libre circulación de bienes, su obligatoriedad pueda establecerse en un acuerdo posterior». Asimismo, concordó con lo expuesto por el Procurador General en su dictamen, en cuanto a que «no hay en el Tratado constitutivo del Mercosur ninguna norma que, de manera directa, imponga a los estados miembros la obligación de abstenerse de establecer derechos de exportación a las mercaderías con destino a los países miembros». Por otra parte, destacó que de lo dispuesto en el artículo 2º del Tratado de Asunción (que establece que el Mercado Común estará fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones de los Estados Partes), se sigue que tales derechos y obligaciones deberán estar clara y concretamente establecidos, pero en modo alguno surge que un Estado -en el caso, la República Argentina- se haya obligado a no imponer, o eventualmente a derogar, derechos de exportación, por la sola inferencia que podría resultar de las disposiciones anteriormente mencionadas.
Agregó que «no puede dejar de advertirse que tanto el Programa de Liberación Comercial (Anexo I del Tratado), como los acuerdos de complementación económica celebrados con posterioridad, así como el Arancel Externo Común contemplan casi exclusivamente cuestiones atinentes a derechos de importación y sólo de manera aislada lo relativo a las exportaciones, de modo que, con relación a estas últimas, mal podría entenderse la existencia de una prohibición genérica a la imposición de derechos de exportación -por parte del país exportador- especialmente si se tiene en consideración -como ya se puso de relieve en esta sentencia- que el Mercosur, se funda ‘en la reciprocidad de derechos y obligaciones de los Estados Partes’, recaudo que requiere una mayor precisión de las normas respectivas las que, cabe reiterarlo, han puesto el acento en eliminar las restricciones al ingreso de mercancías, sin atender -salvo muy excepcionalmente- a los derechos que puedan recaer sobre la exportación». De conformidad con las consideraciones expuestas precedentemente, es posible concluir que lo dispuesto en la Resolución nº 11/02 del Ministerio de Economía no vulnera el principio de supremacía de los tratados, motivo por el cual corresponde rechazar el agravio en estudio. En consecuencia, y atento lo ordenado por el Alto Tribunal a fs. 183 y vta. corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmar la sentencia de fs. 52/57 y, por ende, las resoluciones n° 37/08 y 68/08 mediante las cuales la Dirección Regional Aduanera de La Plata había rechazado el procedimiento de repetición de los derechos de exportación correspondientes al permiso de embarque nº 03 008 EC03 007222 D. Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en virtud al cambio jurisprudencial operado en la materia (artículo 68, segunda parte, del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por todo lo expuesto, se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia de fs. 52/57 y por ende las Resoluciones n° 37/08 y 68/08 dictadas por la Dirección General Aduanera de La Plata. 2) Imponer las costas de esta instancia por su orden en atención al cambio jurisprudencial operado en la materia (artículo 68, segunda parte, del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación). 3) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco contra los honorarios regulados a favor de la Dra. R. M. C., y confirmar la regulación de fs. 74. Se aclara que los honorarios regulados se encuentran a cargo de la parte actora que resultó vencida. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Se deja constancia de que el Dr. Pablo Gallegos Fedriani no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).— Jorge F. Alemany.— Guillermo F. Treacy.